LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

“No importa cuán elevado estés: la Ley siempre estará por encima” (Alfred Th. Denning, juez británico).

 Un estado de derecho se define por las naciones unidas como:

un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal».

Si desglosamos esta definición en partes, pod
emos extraer 2 condiciones necesarias para que un estado sea considerado como estado de derecho: 

• La primera de ellas es la presencia de la Ley como órgano regidor del Estado.

• La segunda es el respeto por los derechos que se nombran en la misma: primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y transparencia procesal y legal.

Este principio es adoptado en principio por la mayoría de las democracias occidentales y países desarrollados llegando a desarrollar organismos que se encargen de velar por su cumplimiento, como pueden ser las constituciones.

Teóricamente en nuestra sociedad esta forma de gobierno está respaldada por la constitución en su primer artículo del título preliminar.

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Por desgracia, el verdadero respeto por estos principios queda en entredicho, siendo numerosas voces las que alertan de un grave deterioro del mismo. Desde hace ya años que la transparencia 

La pandemia del Covid-19 ha sido el punto de ignición para las destrucción del estado de derecho. Esta situación ha habilitado a los estados a proclamar estados de emergencia, que les habilitan en un amplio campo de poderes y les permite tomar decisiones arbitrarias impensable en otros contextos, independientemente del respeto a los principios regidores del estado.

España es un claro ejemplo de esta situación. Nos ilustra de manera espléndida como un estado con este poder puede habilitar y justificar todo. Desde la concesión de contratos públicos a dedo y sin publicidad, justificándose en una situación de extrema urgencia,  un claro ejemplo de prevaricación a la extensión anticonstitucional de un estado de alarma, que a grandes rasgos ni siquiera les permite interceder en derechos fundamentales como el de libre circulación, que es claramente erosionado sin consecuencias.

 Habilitar a los estados a poseer un poder ilimitado, sin consecuencias es algo sin duda peligroso, ya que podría ser fuente del afloramiento de totalitarismos o de sociedades dependiente en todos los ámbitos de hiper estados ilimitados regidos por el gobierno de turno. Es imperativo, que la sociedad reaccionemos ante estas vulneraciones que intentan convertirnos en súbditos o en un rebaño de ovejas pastoreadas por la tutela del estado, de otro modo nunca volveremos a habitar en un estado de derecho imperado por la ley.